A la capacidad que tienen los ecosistemas para crearnos la infraestructura sobre la cual podemos desarrollar nuestros puertos y ciudades, nuestra civilización, es a lo que la ciencia actual ha acabado denominando el capital natural. Este capital genera unas rentas proporcionales a su estado que permiten la habitabilidad de un territorio. Parte de estas rentas entran en el mercado y se consumen. La madera o el corcho son buen ejemplo de ello. Esta parte de rentas no presenta una dificultad excesivamente grande para su manejo. Garantizada la propiedad o el usufructo de las rentas, el interés del propietario en mantener un flujo constante en sus ventas del bien, una legislación adecuada y el propio mercado, contribuyen a lograr un flujo sostenible de dichos bienes. El problema es que una parte de las rentas de los ecosistemas no son fácilmente tangibles y no tienen mercado. Estos intangibles constituyen los denominados servicios ambientales o de los ecosistemas. Estos se pueden definir como servicios públicos en la medida que todos nos beneficiamos de ellos aunque no los consumamos individualmente. No consumimos directamente la fijación de carbono o la capacidad de un ecosistema para retener agua; pero si estos servicios dejan de tener lugar, nuestro entorno se vuelve para todos más inseguro, inhabitable o perjudicial para la salud. En este sentido, por ejemplo, el cambio climático es solamente una de las formas en las que se expresa este problema.

Así pues el problema más difícil que afrontamos a la hora de conservan nuestro capital natural, es la dificultad que tiene una parte de éste, aquel cuyas rentas nos benefician en forma de servicios, a entrar a formar parte de nuestro sistema económico.  Esta razón explica porque disminuye el capital natural a pesar de que los beneficios de los ecosistemas tales como la biodiversidad, la estabilidad climática o la retención de suelos nos favorezcan a todos. La naturaleza se degrada allá donde su destrucción genera para su dueño mas beneficio económico que su conservación, a pesar de que la sociedad en su conjunto salga perdiendo.

Una sencilla fórmula para lograr que todos ganen en esta situación la constituyen los denominados “pago por servicios ambientales”. Éstos se definen como una transacción voluntaria en la que un servicio ambiental bien definido (o un uso de suelos que probablemente garantizaría el servicio) es ‘comprado’ por un (mínimo de un) comprador de servicios ambientales de un (mínimo de un) proveedor de servicios ambientales si y sólo si el proveedor del servicio suministra continuamente dicho servicio (aspecto condicional).