El actual modelo de gestión del sector pesquero español, basado en la sobreexplotación pesquera y el apoyo a la pesca industrial no es sostenible. Hay una clara disminución de las capturas y una importante reducción del número de empleos. En los últimos 15 años se han perdido más de 50.000 empleos en el sector. La consecuencia es una crisis ecológica, social y en última instancia, económica.

Una puerta para acabar con la sobrepesca y ofrecer una alternativa económicamente viable y medioambientalmente sostenible para los pescadores y los océanos se abre con el nuevo Reglamento de la Política Pesquera Común (PPC) entre cuyos objetivos se encuentran la recuperación de los stocks pesqueros, la reducción de la capacidad de la flota y un mayor acceso a los recursos a quienes realicen una pesca sostenible. Ante esta oportunidad de cambio el proyecto que se presenta quiere aportar soluciones reales para lograr un modelo pesquero sostenible y detalla un conjunto de medidas concretas a llevar a cabo en el periodo 2014-2024.

Para cada una de las medidas se analizan los efectos que tendrían en la economía y el empleo mediante un análisis 'Input-Output' que permite medir los impactos en el conjunto de la economía asociados a un cambio en la demanda de bienes y servicios en un sector. El análisis Input-Output es la herramienta que se utiliza con más frecuencia para medir el impacto económico de unos sectores en otros, pero no se han encontrado referencias previas a nivel nacional en su aplicación al sector pesquero haciendo más innovador este trabajo, en el que se ha desagregado el sector de la pesca en dos subsectores (pesca artesanal y pesca no artesanal). Este modelo además incluye dos bloques de gran importancia: uno ambiental, que permite cuantificar aumentos o reducciones en las emisiones de CO2, y otro laboral, que profundiza en el tipo de empleo creado o destruido con las actuaciones propuestas.

La implementación de este conjunto de actuaciones llevaría a las pesquerías españolas a ser 100% sostenibles y además supondrían un aumento de la producción económica de más de 4.000 millones de euros y la creación de más de 60.100 empleos fijando población en las zonas rurales costeras, beneficiando a colectivos con dificultades de acceso al empleo, como los jóvenes y las mujeres, y abriría nuevas oportunidades de negocio como la pesca turística.