Se subraya la importancia de la legislación forestal como base física fundamental de las políticas de conservación del medio natural y de ordenación del territorio, lo que supera con mucho el carácter de “ley sectorial” que tradicionalmente se le atribuye. Por ello, las leyes de montes han de tener una especial calidad técnica, que les grantice una permanencia en el tiempo y un prestigio como los que tuvo la Ley de Montes de 1957. Se repasan los distintos excesos, defectos y omisiones que se han puesto de manifiesto en los años transcurridos desde la Ley de Montes nacional de 2003, y el modo en que se abordan esos problemas en el texto actual de segunda reforma de la Ley. Se concluye que existen numerosas disfunciones en cuanto a propiedad y uso de los montes, especialmente en lo referente a montes de utilidad pública y montes en indiviso, que suponen serias trabas o limitaciones para una adecuada gestión y defensa de estos patrimonios.