El artículo 1 de la Ley de Montes indica que su objeto es “garantizar la conservación y protección de los montes españoles, promoviendo su restauración, mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional,…”
Para llevar a cabo estas actividades es necesario gestionar los montes, y para que se realice esta gestión es necesario que sea rentable o existan fondos especiales para ello.
Actualmente, la falta de gestión de los montes es la causa de las principales amenazas de los montes, como son los incendios y las plagas y enfermedades. Además, impide la generación de empleo y riqueza en el medio rural.
Entre los principios que inspiran esta Ley se encuentran: La gestión sostenible de los montes, El fomento de las producciones forestales y sus sectores económicos asociados, La creación de empleo y el desarrollo del medio rural. No obstante, observamos en esta modificación de la ley la ausencia de unas mínimas herramientas para paliar esta falta de gestión de los montes.
Los incentivos fiscales pueden ser unas de las medidas más eficaces para fomentar la gestión forestal sostenible. Máxime cuando escasean recursos públicos para otro tipo de incentivos como subvenciones o Fondos para el Patrimonio Natural.
Además estos incentivos pueden ser diseñados de forma que activando la gestión e inversión forestal, genere un efecto neto positivo para las arcas públicas por la generación de empleo y actividad económica, que sin dichos incentivos no se produciría.
Por lo tanto, una forma de hacer verdadera política forestal sería a través de incentivos fiscales para fomentar la gestión forestal sostenible, la prevención de incendios, plagas y enfermedades y el aumento del valor de los productos forestales.