La propuesta de reforma de la Ley de Montes se observa desde una doble vertiente: una primera positiva porque según nuestro parecer mejora el texto anterior, intentando dar un mayor dinamismo a los terrenos forestales, además de clarificar y simplificar terminología. No obstante se queda muy lejos de nuestras expectativas en cuanto a la diferenciación necesaria de la propiedad municipal, que debería gozar de un estatus propio como principal valor de los municipios de ámbito forestal y su integración dentro de la estrategia de desarrollo rural global de estas zonas, no pudiendo en muchas ocasiones aprovechar todo el potencial que nos ofrecen los instrumentos e incentivos económicos de ámbito europeo para los terrenos forestales.