El proyecto de real decreto publicado a finales de julio de 2014, que transpondría la Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012, tiene por objeto establecer las medidas destinadas a la protección de la salud y el medio ambiente, a través de la prevención y reducción de los impactos de la generación y gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Asimismo, pretende contribuir a un desarrollo sostenible, mediante el uso eficiente de los recursos, y la mejora en el control de la gestión y de la trazabilidad de los RAEE.
Esta normativa que afecta a un sector dinámico en el que participan muchos agentes ha suscitado un debate de interés entre los distintos sectores profesionales, por los cambios que van a representar y la importancia que posee este tipo de residuo.