A la capacidad que tienen los ecosistemas para crearnos la infraestructura sobre la cual podemos desarrollar nuestros puertos y ciudades, nuestra civilización, es a lo que la ciencia actual ha acabado denominando el capital natural. Este capital genera unas rentas proporcionales a su estado que permiten la habitabilidad de un territorio. Parte de estas rentas entran en el mercado y se consumen. La madera o el corcho son buen ejemplo de ello. Esta parte de rentas no presenta una dificultad excesivamente grande para su manejo. Garantizada la propiedad o el usufructo de las rentas, el interés del propietario en mantener un flujo constante en sus ventas del bien, una legislación adecuada y el propio mercado, contribuyen a lograr un flujo sostenible de dichos bienes. El problema es que una parte de las rentas de los ecosistemas no son fácilmente tangibles y no tienen mercado. Estos intangibles constituyen los denominados servicios ambientales o de los ecosistemas. Estos se pueden definir como servicios públicos en la medida que todos nos beneficiamos de ellos aunque no los consumamos individualmente. No consumimos directamente la fijación de carbono o la capacidad de un ecosistema para retener agua; pero si estos servicios dejan de tener lugar, nuestro entorno se vuelve para todos más inseguro, inhabitable o perjudicial para la salud. En este sentido, por ejemplo, el cambio climático es solamente una de las formas en las que se expresa este problema.

Así pues el problema más difícil que afrontamos a la hora de conservan nuestro capital natural, es la dificultad que tiene una parte de éste, aquel cuyas rentas nos benefician en forma de servicios, a entrar a formar parte de nuestro sistema económico.  Esta razón explica porque disminuye el capital natural a pesar de que los beneficios de los ecosistemas tales como la biodiversidad, la estabilidad climática o la retención de suelos nos favorezcan a todos. La naturaleza se degrada allá donde su destrucción genera para su dueño mas beneficio económico que su conservación, a pesar de que la sociedad en su conjunto salga perdiendo.

Una sencilla fórmula para lograr que todos ganen en esta situación la constituyen los denominados “pago por servicios ambientales”. Éstos se definen como una transacción voluntaria en la que un servicio ambiental bien definido (o un uso de suelos que probablemente garantizaría el servicio) es ‘comprado’ por un (mínimo de un) comprador de servicios ambientales de un (mínimo de un) proveedor de servicios ambientales si y sólo si el proveedor del servicio suministra continuamente dicho servicio (aspecto condicional).

El valor económico de los activos ambientales de los ecosistemas procede del bienestar que experimentan en el presente las generaciones que hoy pueblan la Tierra por el disfrute del consumo futuro esperado de sus servicios ambientales escasos. La valoración económica de los servicios del ecosistema requiere el empleo de técnicas que han de simular mercados virtuales, ya que habitualmente no son observables en transacciones de mercados reales. La renta del recurso natural o excedente del productor es la variable que la ciencia económica prescribe  para valorar la contribución de los servicios de los ecosistemas privados y públicos a los productos que les demandan las personas. La valoración de los activos ambientales de los ecosistemas basada en el principio de valor de cambio no tiene aplicación en contextos de hábitats y especies amenazados. En estas situaciones su aplicación no es consistente con la teoría de la renta ambiental, ya que la pérdida para siempre de una variedad natural no reproducible es inconmensurable por carecer de cosa equivalente de comparación que revele su precio relativo. En la situación de hábitats y especies amenazados se requiere abandonar la preferencia de los consumidores y el gobierno ha de adoptar la métrica política del coste tolerable para gestionar la supervivencia del bien natural amenazado fundada en el principio de precaución.

El gobierno, como depositario del deber de las generaciones actuales de legar a las generaciones que nacerán en el futuro la mayor parte posible del legado recibido de variedad natural única, ha de ejecutar el coste necesario para gestionar la mitigación de la pérdida de variedad natural hasta la cuantía máxima tolerable por las generaciones actuales.

Así, concluimos que la garantía de legar el mayor grado de opciones de variedad natural a las futuras generaciones no depende, finalmente, de las estrategias de consumo de los servicios de los ecosistemas basadas en las preferencias de de las generaciones actuales y si del gasto del gobierno en ejecutar programas de gestión que mitiguen la pérdida para siempre del legado natural depositado en los ecosistemas. ¿Qué tipo de gestión con uso o sin uso? ¿Qué tipo de gestor si público o privado? ¿Qué productos han de ofrecerse comercializados y de libre acceso? Todas son elecciones que cada sociedad concernida en tiempo y espacio ha de adoptar para construir las instituciones de propiedad y gestión que prefieren al fin de cumplir con la misión de moral pública de mitigar la destrucción y la degradación de la provisión futura de servicios de los ecosistemas.