La Estrategia Hoja de Ruta para la Energía 2050, establecida por la Comisión Europea en 2011, apunta para ese horizonte temporal a un modelo energético plenamente descarbonizado y descentralizado, basado en una gigantesca red continental en la que han de confluir millones de unidades de producción/consumo que vierten sus sobrantes en sucesivas redes plenamente interconectadas. Este objetivo 2050 pasa por un objetivo intermedio (2035) en el que, además del incremento del peso de las renovables en la cesta de consumo energético total, se apunta a un no menos ambicioso resultado relativo a la renovación de infraestructuras y tecnología de medición e interconexión (Smart-Grids). Esto es, el tránsito de una infraestructura de red diseñada para flujos energéticos unidimensionales, que transmitían la energía desde grandes centros de producción al consumidor, a otra que haga posible el modelo energético de producción/consumo descentralizado e interconectado.

La presente comunicación quiere poner de manifiesto los retos que tiene que encarar el sistema jurídico y administrativo español para incorporarse a esta estrategia ya en curso, y que se proyectan tanto en la técnica normativa como en la regulación de la producción de energías renovables. La reciente publicación de dos Órdenes Ministeriales de 2.114 páginas de BOE o la poco favorable (y reciente) normativa sobre el autoconsumo y consumo de proximidad de renovables manifiestan una (falta de) estrategia en la materia de sentido contrario a las medidas y actuaciones que ya se está desplegando en la UE y algunos países de nuestro entorno.