En las últimas décadas, el ruido ha tenido un papel destacado en la vida pública de un país como España. Se considera un subtipo del llamado delito ecológico, tipificado en el art. 325 del Código Penal. Por el contrario, su interés jurídico está protegido por otros países como Finlandia, que ha vinculado el fenómeno del ruido con el derecho a la intimidad. También constituye una ley penal específica conocida como "ley penal en blanco", por lo que las ordenanzas municipales tienen gran relevancia. En el desarrollo de estas normas, se observa el aumento de la función de diversos grupos y asociaciones civiles de afectados, lo que puede suponer una posible vía para su reducción. Estos actores, que a través de sus propias experiencias, a menudo experimentan un verdadero proceso de victimización, también proponen medidas que, en muchos casos, son tenidos en cuenta por el legislador. Por el contrario, las actividades características de las ONG internacionales centradas en el medio ambiente, nunca se han interesado por este fenómeno; por tanto, aquí se abre un nuevo enfoque para la acción conjunta, sobre todo por la presión ejercida sobre el desarrollo de la normativa ambiental, especialmente en el ámbito de la Unión Europea.
No obstante, esta influencia no implica necesariamente y siempre un signo de carácter positivo para los ciudadanos que sufren las consecuencias del ruido molesto o excesivo, sino todo lo contrario, ya que los administradores municipales también permiten valoran otros intereses diferentes, que generalmente provienen de otros agentes, cuyos intereses son encontrar un papel influir, como ciertas corporaciones profesionales. Además, deben tener en cuenta otros muchos sectores, así como los derechos estrechamente relacionados con el medio ambiente, por ejemplo, el urbanismo, el turismo, la seguridad ciudadana, el derecho de manifestación, etc.