Debatir cómo afecta la Reforma de la Administración Local a los ciudadanos y ciudadanas y qué consecuencias medioambientales tiene para ellos, es poner de relieve las complejidades que la aplicación de este nuevo marco de competencias está suponiendo para ayuntamientos y diputaciones. Se está cumpliendo todo lo que en su día vaticinamos, en especial, el desmantelamiento y el deterioro de los servicios que prestan los ayuntamientos, y una pérdida importante del empleo público local.
Hasta diciembre del año pasado primaba la concepción de que éstos eran servicios públicos universales. Una obligación colectiva que deriva del artículo 45 de la Constitución que habla de que todos tenemos derecho a un medio ambiente y, por tanto, las administraciones tienen una obligación colectiva de proveer todos los servicios públicos para que se atienda a ese objetivo.

Ahora, con la ley en la mano, esa obligación se topa de lleno con la financiación de los propios ayuntamientos y aún más en un momento de crisis y déficit en las arcas municipales como el actual. Y así, con competencias asignadas pero con muchas dificultades de financiación, la puerta se abre a que, esos servicios, incluidos los que tienen que ver con la protección del medio ambiente, puedan pasar a ser prestados por el sector privado.

Nuestra apuesta es clara, y utilizamos literalmente el texto de la Constitución: el medio ambiente es un bien colectivo y los poderes públicos tienen la obligación de protegerlo.
Lo que no concebimos es que dejemos la gestión de los servicios a los ciudadanos en manos de quien no haga una lectura literal de ese artículo constitucional. En manos de quienes legítimamente y como empresas privadas puedan tener otras prioridades.